Rector Rojas: Nueva Constitución debe incluir directrices para la educación superior

En conversatorio dedicado a analizar las “Bases constitucionales de la educación superior”, Álvaro Rojas insistió en cómo estas instituciones deben quedar reflejadas en la Carta Fundamental que será modificada por la Convención Constitucional.

22 Abril 2021

“La necesidad de avanzar hacia la constitucionalización de las reglas básicas de la educación superior y su financiamiento”, fue uno de los planteamientos del rector Álvaro Rojas en el marco de la ponencia que presentó en el seminario “Bases constitucionales de la educación superior” organizado por Aequalis, entidad que reúne a instituciones y especialistas de todo el país.

Durante su exposición en el panel que también contó con las intervenciones de la abogada constitucionalista Claudia Sarmiento y el vicepresidente de Aequalis, José Julio León, la autoridad académica puntualizó que si bien la nueva Carta Fundamental no está llamada a establecer un sistema regulatorio para el sector, “debe fijar con precisión sus directrices”.

Álvaro Rojas insistió el rol subsidiario que le cabe al Estado y la relación con sus Universidades que no se condice con las exigencias que hace la sociedad actual. “Hasta el día de hoy, las universidades estatales se agrupan en un consorcio privado denominado Cuech, que al estilo de una ONG, coordina el trabajo conjunto de 18 instituciones en una multiplicidad de áreas, las representa ante el gobierno y en diversas instancias públicas, privadas y poderes del Estado”, expresó.

Recalcó que en la actualidad dichas entidades “conforman un sistema nacional desplegado a lo largo y ancho de toda la geografía nacional, aspecto territorial que debe ser debidamente considerado en el conjunto de normas que fije la nueva Constitución”.

De igual modo, Rojas sostuvo que se debe discutir si “el ministerio será de Educación o Educación Pública y cuál será el resultado de la pérdida o la desmunicipalización de las escuelas, porque en nuestro país falló la calidad de la educación, y la no exigencia de calidad en el sistema superior universitario fue determinante en la masificación de universidades sin ningún objetivo más que el lucro”.

Abandono

Durante su exposición, el rector analizó el histórico abandono que ha mantenido el Estado hacia las instituciones públicas, en especial aquellas de educación superior. “Como país no nos merecemos contar la presencia dominante de entidades privadas”, planteó.

Rojas añadió que aunque ha existido una preocupación por la educación pública, “en la práctica podemos ver una disonancia muy clara entre el discurso y su expresión real, que se asemeja más bien a una situación de progresivo abandono en todos sus niveles” e insistió en que las universidades del Estado “fueron creadas y luego abandonadas”.

Igualmente, el rector de la UTalca analizó las raíces constitucionales de la educación pública en el país, el cual dijo reconoció de forma tardía la educación como un derecho humano. “Indudablemente el esfuerzo legislativo chileno, más que el Constitucional, fue notable en la creación de un conjunto de leyes destinadas a satisfacer, del mejor modo posible, las necesidades de educación y enseñanza”, observó.

En otro punto de su presentación Álvaro Rojas planteó que “el derecho a la educación superior de calidad es posible observarlo en la Constitución de una mayoría de democracias modernas y en diferentes tratados de los cuales Chile ha sido parte e impulsor”, lo que a su juicio “obliga a los poderes políticos a crear, ordenar, controlar y financiar un sistema público educativo que permita el acceso a los educandos, especialmente a aquellos que no pueden cursar una educación pagada. Y el Estado se encuentra obligado, existiendo demanda educativa, a crear establecimientos públicos, financiados con recursos públicos, para satisfacer estas necesidades”.

En este contexto, el rector consideró que, de cara a los acuerdos internacionales en la materia, se “debe dar garantía constitucional de una educación pública de calidad en todos sus niveles, debiendo reconocer a las universidades que son de su propiedad -distribuidas en todas las regiones del país- como plataformas de oportunidades, de igualdad y como referentes de calidad”.

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