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Propuesta de nuevo Código Penal establece penas hasta 20 años

A través de 90 sesiones un grupo de especialistas convocado por el Ministerio de Justicia, trabajó cerca de un año, elaborando una propuesta orientada a modificar el Código Penal vigente en Chile desde 1874.

Uno de los llamados a formar parte de esa instancia fue el subdirector del Centro de Derecho Penal de la Universidad de Talca (Cedep), Francisco Maldonado, quien junto a otros seis destacados juristas dio vida a un documento que sirvió de sustento para un proyecto de Ley, uno de los últimos ingresados por la administración de Sebastián Piñera al Congreso.

“La legislación vigente es absolutamente inorgánica, producto de que ha sido reformulada y complementada de manera parcial, en aspectos puntuales, etc., en múltiples oportunidades, tanto dentro del Código como mediante la creación de leyes penales especiales”, explicó Maldonado respecto de la necesidad de modificar el Código.

Indicó que lo anterior se traduce en una especie de sistema inorgánico que no produce los efectos deseados y genera otros que son contraproducentes.

“Hay que tener en cuenta además que la reforma procesal hizo más rápidos los juicios y con ello más evidentes dichas falencias. Se necesita, por ello, una mirada completa e integral, que proponga, a partir de una revisión y discusión general, una estructura única que aborde todos los aspectos, en forma orgánica, sistemática y estructurada. Eso es lo central en todo proceso de codificación y lo que se procuró en la comisión presidencial”, reflexionó.

CAMBIO DE PENAS

Maldonado sostuvo que todas las figuras penales fueron revisadas, introduciéndose cambios en un número importante de ellas.

“Entre las principales se haya el sistema de penas; se prevé una mínima de un año y máxima de 20 años; penas de reclusión parcial; medidas de seguridad sujetas a un sistema sustitutivo; sanciones accesorias en propiedad y un régimen diversificado de tratamiento de la multa, entre otros”, indicó.

Añadió que también se plantearon cambios en la dinámica de determinación de las penas. “Se elimina el sistema de grados y se reducen los rangos de las sanciones posibles, ampliando a su vez la responsabilidad de los jueces en torno a la justificación concreta de las sanciones que impongan”, indicó.

Igualmente, se propuso modificar la regulación de instituciones reconocidas por la doctrina y la jurisprudencia inexistentes en el antiguo Código, las consideraciones de delitos socioeconómicos, medioambientales, la regulación uniforme de delitos contra la seguridad y simplificar el sistema de delitos asociados a fraudes, entre múltiples otros cambios.

El subdirector del Cedep dijo que todos estos cambios permitirán que las personas accedan a una justicia de mejor calidad.

“Creo que se ha logrado una mayor racionalización en el tratamiento de los criterios y casos que constituyen requisitos generales para su imposición, lo que contribuye a que todo aquél que se aproxime al derecho penal reciba un tratamiento adecuado”, planteó. Si bien el académico reconoció que con los cambios de administración registrados tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, el destino del proyecto de ley es incierto, sostuvo que constituye un esfuerzo que contribuye al debate en forma seria y ajena a razones políticas.

“La composición de la Comisión es completamente plural en materias ideológicas, políticas y en la pertenencia o membresía respecto a las escuelas penales en boga. Las resoluciones se adoptaron por mayoría, lo que deja la puerta abierta al debate. Esperamos que este esfuerzo logre cualquiera de los objetivos posibles: motivar un debate serio, sea académico, en políticas públicas o en el Congreso y, en una de esas, una nueva regulación”, subrayó.