Cargando 0%
Cargando 0%
Experto explica que representa un perjuicio para los derechos fundamentales de los trabajadores y refuerza la necesidad de legislar prontamente respecto a esta materia.
31 Mayo 2021
Un desfavorable fallo para un grupo de riders que demandó a la plataforma digital PedidosYa, emitido por el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, complicó el contexto judicial para estos trabajadores. “Por primera vez el tribunal, en este caso un tribunal laboral, rechaza que los repartidores sean trabajadores, descarta que se trate de una relación laboral y establece básicamente que es un vínculo civil y este es un contrato de prestación de servicios”, explicó el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Rodrigo Palomo.
Este resultado se contrapone a un anterior fallo en Concepción donde se estableció que los repartidores que se desempeñan en este tipo de labores tendrían las garantías correspondientes al Código del Trabajo. “El trasfondo mayor de la sentencia es que vuelve a poner la incertidumbre jurídica a la definición de si este tipo de trabajo es o no laboral, porque tenemos una sentencia en Concepción que dice una cosa, y ahora aparece una sentencia en Santiago que dice otra”, declaró el académico.
Además, recalcó que esta nueva resolución perjudica los derechos fundamentales de las personas que desarrollan este tipo de actividades: “Se genera un espacio de incertidumbre jurídica que, en definitiva, lo que hace es mantener a este tipo de trabajadores en la absoluta indefensión, en la precariedad laboral absoluta. No hay ningún derecho que puedan reclamar sin que vayan a tribunales”.
De acuerdo con el docente, esta situación acrecienta la necesidad de legislar con respecto a este tipo de relaciones laborales. “Creo que se abre nuevamente el espacio de discusión muy intenso respecto de la necesidad de regular este tipo de formas de trabajo y además muestra la insuficiencia de que esto se resuelva en Tribunales”, afirmó.
Actualmente existen dos proyectos de ley que se encuentran en sus segundos trámites constitucionales y que podrían resolver la situación de los repartidores. “Esto también tiene un impacto político, en el sentido de apurar, presionar también la tramitación legislativa de los proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso respecto de esta materia”, concluyó el abogado.
