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“Basar el mecanismo de gratuidad en que debe otorgarse a cada Universidad el equivalente de lo que cada una cobra por aranceles no es una reforma a la educación superior. Por el contrario, reafirma los criterio de mercado y valida los efectos de una prolongada desregulación. Así, el modelo impuesto por la dictadura en los años 80 se conserva y se reafirma su trato discriminatorio contra las universidades estatales”.
Con estas palabras comienza la Declaración Pública dada a conocer hoy por el directorio del Consorcio de Universidades Estatales (Cuech), a través de la cual hicieron un llamado a la opinión pública para que reflexione respecto de los criterios que se están debatiendo en torno a la gratuidad.
En el documento, que fue leído por el presidente del Cuech, Ennio Vivaldi, los rectores plantearon que los aranceles que actualmente cada universidad cobra son arbitrarios. “Ni siquiera son el producto de verdaderos mecanismos de mercado”, advirtieron.
“Tampoco sería comprensible que se fijaran los aranceles proporcionalmente al nivel de acreditación de cada carrera o cada universidad. Aquello condenaría a las universidades menos desarrolladas a un subdesarrollo permanente. En cualquier caso, un Estado que promueva la equidad, debiera preocuparse preferencialmente por apoyar a las universidades que más lo necesitan”, agregaron.
Sobre esa base, sostuvieron que “la política de equidad del Estado implica que no puede discriminar. El Estado tiene la obligación de otorgar a cada una de las estatales al menos lo mismo que le da a la más cara de las que recibirán gratuidad (hasta lo que sabemos ahora, del CRUCH)”.
“No debe prohibirse la expansión de matrícula en las universidades estatales. Esta política sería contradictoria con la voluntad de los jóvenes que declaran preferirlas (encuesta Mori). Hacerlo obligaría a esos jóvenes a irse a las universidades privadas, a la vez que obligaría al Estado a transferirles a universidades privadas fondos fiscales (muchas de las cuales están siendo investigadas por lucro)”, subrayaron.
En este contexto, las autoridades académicas expusieron una interrogante: “¿Es justo que el Estado le dé más recursos a una privada que a una estatal por un estudiante que cursa una misma carrera?”.
“Pensamos que la actual discusión sobre gratuidad y reforma a la Educación Superior es una gran oportunidad para replantear el aporte sistémico y de fondos basales a las universidades públicas. Es el momento de empezar a conversar sobre un proyecto de desarrollo para las universidades del Estado de Chile”, expusieron.
