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Sus interrogantes, expectativas y también críticas respecto al proyecto de Reforma de la Educación Superior, están planteando los miembros de la comunidad universitaria, en reuniones participativas que se están llevando a cabo en los campus, encabezadas por el rector, Álvaro Rojas.
El objetivo es “hacer un proceso participativo, de conocimiento y análisis de la reforma educacional”, instancia que se inició con una reunión efectuada en el auditorio del Espacio Bicentenario, en la que participaron funcionarios académicos y no académicos de las facultades de Ciencias Forestales; Ciencias Agrarias, y Arquitectura, Música y Diseño.
Recordó el rector que de la anterior reforma, de 1980, surgieron las universidades regionales y las privadas e indicó que la actual iniciativa legal ha concitado grandes expectativas en cuanto a modificar un sistema muy desregulado. En su opinión muchas de esas expectativas se han visto frustradas en el texto, que incluyen visiones y demandas recogidas en las conversaciones previas con todos los sectores del sistema, ninguno de los cuales está contento.
Álvaro Rojas destacó el objetivo de terminar con el lucro, pero lamentó el sesgo centralista del proyecto, hizo notar la tendencia a la estandarización de las instituciones públicas y manifestó que la calidad es el aspecto mejor abordado. También aludió al estatus de las universidades estatales y a instituciones como la Universidad de Concepción y la Universidad Austral, que nacieron por iniciativa de las comunidades locales, ante la ausencia de un Estado centralista, y que esperan tener un reconocimiento.
Dos fondos
El vicerrector de Gestión Económica y Administración, Hugo Salgado, precisó que la gratuidad financiará solo los costos de la docencia de pregrado y las demás dimensiones del quehacer universitario deberán optar a otras fuentes de obtención de recursos. “Se crean dos fondos importantes, uno es el de Desarrollo e Investigación, Innovación y Creación Artística, que va a ser competitivo y para todas las universidades que entren al sistema de gratuidad, sean públicas o privadas”, detalló.
“Un segundo fondo es para el fortalecimiento de las universidades estatales, en el que nosotros podemos participar a través de convenios con el Ministerio para llevar a cabo planes de desarrollo de nuestra Universidad”, acotó.
Al contralor de la Institución, Johann Allesch, le correspondió explicar el proyecto en términos generales, a partir del Mensaje Presidencial y de las principales materias contenidas en el articulado. La nueva institucionalidad, el gobierno de las universidades estatales y rol de la nueva Subsecretaría de Educación Superior, fueron algunos aspectos abordados.
A su turno, el prorrector, Pablo Villalobos, explicó el diseño del modelo de aseguramiento de la calidad, que contempla los niveles de acreditación C, B y A, con sus respectivos requisitos. “La complejidad va a ir de la C a la A y este último nivel es atribuible a universidades que son de mayor calidad”, señaló.
El decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, José Díaz, planteó que hay que estar preparados para el escenario, “una vez que se conozcan los detalles de la obra gruesa”. Agregó que surgen muchas dudas en materias como los niveles de acreditación y sus parámetros o respecto a los programas de magíster que no están mencionados en la ley. “Hay que discutir un poco más y recibir permanente retroalimentación, ver lo que pase en la comisión, en qué posiciones están los políticos”, dijo.
