Consejo de Rectores rechazó actos de violencia en campus universitarios

3 Agosto 2015

El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), expresó su profundo rechazo a los actos de violencia que afectaron a las universidades de La Frontera y Católica de Temuco.

“Ante los graves actos de fuerza que se han sucedido en algunos campus universitarios a lo largo del país, que han llegado incluso al amedrentamiento de autoridades, académicos, funcionarios y estudiantes, y han ocasionado daños y sustracción de bienes de las instituciones, paralización de la docencia y la investigación, alterando severamente el quehacer universitario, viene en manifestar el más enérgico repudio a tales hechos”, expresó la entidad a través de una declaración pública.

En el documento, que apareció en distintos medios de comunicación, el Consejo de Rectores declaró que respeta y promueve los derechos fundamentales de expresión y de asociación, al igual que reconoce y valora la participación de los estudiantes en organizaciones legítimas y responsables.

“No obstante, los rectores y las comunidades universitarias hemos sido testigos y afectados en las últimas semanas de hechos de inusitada violencia en algunos campus, situación que ha sido particularmente grave en las Universidades de La Frontera y Católica de Temuco”, advirtió.

El Consejo de Rectores observó que estas conductas se apartan “absolutamente” del espíritu universitario, “en cuanto las universidades son espacios de diálogo, de argumentación racional, de cultura democrática y de formación ciudadana”.

“Las ‘tomas’ de Campus, en particular, no constituyen actos democráticos, dañan y alteran las actividades de formación de pre y post grado, de investigación y vinculación con el medio”, afirmó.

El Cruch agregó que es “plenamente consciente” que estos actos son ejecutados por grupos minoritarios que no representan el sentir de la comunidad universitaria.

“Por lo mismo expresa que el diálogo no es posible cuando prima la descalificación y las acciones de fuerza que implican coacción a las personas y daños al patrimonio de la comunidad universitaria. Estas acciones, además de no legitimar las demandas estudiantiles, lesionan la naturaleza, misión y función social de la Universidad”, subrayó.

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