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El Ministerio de Educación promueve una política de privatización abierta, desplegando sus esfuerzos en entregar recursos públicos a las universidades privadas,
en cantidades que no tiene precedentes en la historia del país. Incluso de manera
inexplicable y nunca vista se acaba de aprobar, a propuesta del Sr. Ministro de
Educación, miles de millones de pesos para inversiones en infraestructura con dinero
del Estado para universidades que pertenecen a empresas privadas nacionales o
extranjeras.
En cuanto a la crisis de credibilidad del sistema de educación superior, el Sr. Ministro
de Educación tiene la obligación legal de responder y aclarar las denuncias que ha
hecho el Sr. Patricio Basso para restablecer confianza en la institucionalidad
educacional del país, tan gravemente dañada.
Las universidades privadas reciben recursos del Estado sin ninguna fiscalización de la
Contraloría General de la República, sin rendición de cuentas, sin sujetarse a un
sistema de compras públicas, y sin obligación alguna de hacer transparente el gasto de esos recursos. Por el contrario, las universidades estatales se hallan sujetas a todos esos procedimientos de control y rendición de cuentas.
Por lo mismo, rechazamos con profundo malestar las declaraciones del Sr. Ministro de
Educación en las que afirma que las universidades estatales no rinden cuentas de sus
recursos. Ello constituye una descalificación errónea y maliciosa contra las instituciones universitarias del Estado que nos parece absolutamente incomprensible.
A juicio del Consorcio de universidades estatales, de seguir con esta conducción para
acelerar la privatización absoluta del sistema educacional ello llevará a una grave crisis
en el país en los próximos años. Ya sabemos que cuando las instituciones privadas
obtienen sus mejores rentabilidades ganan sus dueños y que cuando pierden o caen
en falencia pagan las familias y todos los chilenos.
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