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Académicos coinciden en que las prioridades de las demandas de la calle son los derechos a la educación, salud, vivienda y seguridad social
17 Diciembre 2019
La Universidad ha estado liderando la conversación con la comunidad sobre los temas que se deberán abordar en el proceso para una nueva Constitución. Mejorar la salud, educación, vivienda y derechos laborales son algunas de las demandas que más usualmente se oyen.
El director del Centro de Estudios del Trabajo y la Seguridad Social (Centrass), Rodrigo Palomo, convocó a una jornada de debate con tres expertos en la materia.
“Fue muy clarificador contar con estas miradas. Creo importante tener a la vista lo que decían los expositores, en el sentido que los derechos sociales y su constitucionalización, son el fundamento de la cohesión social. Sin ellos es imposible tener una sociedad unida y eso puede resentir gravemente a la democracia”, sentenció Palomo.
El primero en exponer fue el profesor de la Universidad de Valencia, Cayetano Núñez, quien destacó que la Carta Fundamental nunca está sola, sino que se acompaña de una serie de normas internacionales que la obligan a ser interpretada según esos compromisos internacionales.
El profesor asociado Iván Obando hizo un análisis de los derechos sociales señalando que “lo primero es establecer, en lo posible, a nivel constitucional, lo que son las normas, derechos, deberes y principios que van a inspirar la acción estatal y de la comunidad. Luego los detalles deberán quedar entregados a la discusión por la legislación, porque yo creo que es bueno que se debata ahí esos temas, teniendo presente el futuro. Viene un cambio enorme en el mundo y este es el momento para pensar en los próximos 30 años”.
La abogada Constitucionalista Marcela Peredo señaló que en lo público existe la posibilidad de crear esa especie de administradora de los servicios, que ayuden a poner en práctica, para todos por igual, los derechos sociales.
“La política pública puede ser más beneficiosa si uno piensa que, en el fondo, podría ser con miras al bien común y escoger un “consejo económico social” que pudiera regular estas materias atendiendo los distintos sectores”, comentó.
