Diario Oficial publica nueva Ley de Educación Superior

30 Mayo 2018

Ayer el Diario Oficial publicó la nueva ley que regirá la Educación Superior en Chile. Este proyecto, impulsado por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, abre una página más en la historia académica del país con avances importantes en financiamiento y acreditación.

Entre los hitos más importantes, se encuentra el financiamiento institucional para la gratuidad. De acuerdo a la normativa, para optar a ello, las universidades deben contar con una acreditación institucional avanzada o de excelencia, estar adscritas al Sistema de Acceso a las Instituciones de Educación Superior y aplicar políticas de acceso equitativo de estudiantes. Estos dos últimos aspectos, al menos un año antes de la solicitud de ingreso a la gratuidad.

Al respecto el rector Álvaro Rojas explicó que “el cambio radica en que antes de esta ley, las universidades del Estado recibían fondos vía aportes basales concursales y no concursables derivados de fondos como el de Internacionalización o del Plan de Fortalecimiento. Con la promulgación de la Ley de Educación Superior, nuestras universidades estatales quedan adscritas a la gratuidad en la medida en que cumplan requisitos como acreditación avanzada o de excelencia, estén incorporadas al sistema de acceso y tengan políticas de inclusión”.

Para Rojas “esta normativa constituye un avance si se tiene en cuenta que la gratuidad era una glosa más en la Ley de Presupuesto y ahora está incorporada en este nuevo cuerpo legal, lo que implica para las familias chilenas mayor certeza y tranquilidad en el financiamiento de la educación de sus hijos”.

La autoridad universitaria añadió que lo anterior implica “la regulación de aranceles y otros aspectos como el cobro de titulación por parte de la Subsecretaría de Educación”. La creación de este órgano es otra de las novedades del cuerpo legal que tiene por objetivo coordinar, ejecutar y evaluar políticas y programas para la educación superior, especialmente en desarrollo, promoción, internacionalización y mejoramiento continuo, tanto en el subsistema universitario como en el técnico profesional.

Esta instancia contará con un comité técnico de acceso al subsistema universitario integrado por rectores de universidades estatales y privadas, y también rectores de centros de formación técnica estatales.

Respecto de los aranceles y cómo se dará su cálculo, Rojas explicó que “la ley contempla que el cálculo de los aranceles regulados y otros cobros asociados se darán en un plazo de dos años y antes de ello serán indicados por decreto del Ministerio de Educación”.

Por otra parte, la acreditación institucional pasará de ser voluntaria a obligatoria en todas las instituciones de educación superior. Desde el 2020 existirá un plazo de cuatro años para que todo el sistema cumpla la ley, la cual permitirá que la nueva Agencia de Calidad de la Educación se haga cargo de la calidad, equidad y mejoramiento de las oportunidades educativas.

“Por mucho tiempo imperó una verdadera ley de la selva en donde primaban criterios de marketing por sobre cualquier otra consideración, perjudicando, en especial, a los jóvenes más vulnerables que accedían a instituciones superiores de dudosa calidad. Hoy eso cambia y se establece una acreditación institucional integral obligatoria en la que está contemplada la evaluación de todas las sedes, las funciones y niveles de programas tanto de pregrado como de postgrado”, expresó el rector.

Además, el Sistema Único de Admisión (SUA) cambia y se crea un Sistema de Acceso a las Instituciones de Educación Superior. Este operará a través de una plataforma que administrará la Subsecretaría y cuya adscripción será obligatoria para las universidades que opten por el financiamiento para la gratuidad.

Otra de las unidades que nacen con la promulgación de la ley es la Superintendencia de Educación Superior como ente fiscalizador que vigila el cumplimiento de las leyes y reglamentos por parte de las universidades, institutos y centros de formación técnica. Le corresponderá fiscalizar que las instituciones destinen sus recursos a los fines que les son propios de acuerdo a los estatutos; e imponer sanciones.

Un nuevo Sistema de Acceso a las Instituciones de Educación Superior es otro de los hitos que se añaden a la normativa, el cual establecerá procesos e instrumentos para la postulación y admisión de estudiantes a las instituciones adscritas. Este cuerpo será objetivo y transparente y deberá considerar, entre otros, la diversidad de talentos, capacidades o trayectorias previas de los estudiantes.

El Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (Cruch) es otro de los órganos que sufre cambios. Actualmente está compuesto por 18 universidades, pero la lay permite que el Cruch se amplíe y puedan formar parte de este nuevas instituciones que cumplan con los requisitos como la acreditación institucional avanzadas, estar adscrita al sistema de acceso a la educación superior, impartir programas de magíster y doctorado acreditados y que contemple formas de gobierno con la participación de estudiantes y académicos.

Para conocer más detalles del proyecto de ley, descargue el documento aquí.

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