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¿Dónde están mis datos?

Una nueva polémica se suscitó en torno al caso La Polar, luego de que quedara al conocerse que la multitienda utilizó la base de datos del Fondo Nacional de Salud (FONASA) para sus procesos de cobranzas y repactaciones unilaterales. En medio del debate público, se confirmó que los organismos del Estado realizan transferencias de registros de datos personales a empresas privadas y a otras reparticiones públicas.
La mayoría de los chilenos comunes y corrientes ni siquiera imaginan qué ocultas intenciones puede haber tras el atento ofrecimiento del dependiente de una farmacia que pide al cliente su Rut para incorporarlo a sus promociones y descuentos.

Muy pocos se preguntan también qué hay tras los datos personales –incluido correo electrónico- que se solicitan para participar en un inocente sorteo. Casi nadie se detiene a pensar adónde van esos datos, ni siquiera cuando nos llenamos de ofertas indeseadas a través del correo electrónico o la compañía aseguradora no reanuda la cobertura a un cliente, porque “descubrió” que estaba enfermo. La interrogante surge de inmediato: ¿es posible que en Chile, un país que se codea con los miembros de la OCDE y ha suscrito decenas de tratados y acuerdos internacionales, sus habitantes carezcan de protección de su privacidad?

Mala ley

A quien no le extraña esa interrogante es al abogado Ruperto Pinochet, doctor en Derecho Civil, abogado integrante de la Corte de Apelaciones, y académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de nuestra Universidad, cuyo conocimiento del tema le permite aseverar que la ley que existe es simplemente mala. Y lo es porque su estándar de protección de la privacidad de las personas es muy bajo y está lejos de las exigencias que imponen, por ejemplo, las leyes europeas en ese sentido.

El académico sostiene se trata de un problema propio de la incorporación de las nuevas tecnologías de la información, lo que facilita el entrecruce y transferencia de datos. De este modo, lo que antes tomaba mucho tiempo para llegar hasta los registros manuales, ahora se accede en un segundo, con apenas un click.

“Hoy en día no se niega la posibilidad de que existan bases de datos, pero lo que están haciendo las sociedades modernas es regularlas y en forma cada vez más estricta. En Chile eso no ocurre. La Ley 19.628 de Protección de la Vida Privada se publicó en 1999 y fue muy combatida, se hizo mucho lobby”, comenta.

Sin reparos, Pinochet agrega que a la hora de materializar el cuerpo legal se hicieron muchas concesiones al sector privado y al público interesado en conocer datos. Además, no está claro que las reparticiones que manejen estos registros cuenten con un responsable de custodiarlos.

De acuerdo a la ley, se puede acceder a información personal sólo si el titular de estos datos así lo autoriza. Pero es ahí donde la ambigüedad hace lo suyo. “Nuestra ley es mala, porque dice que necesita recabar el consentimiento de las personas para acceder a sus datos, excepto que sean de registros públicos y declara que casi todos los registros son públicos, es decir, casi nunca se tiene que pedir autorización para tener esos datos”, advierte el jurista.

Con presiones

En cuanto a las sanciones, la ley tampoco es satisfactoria. Si bien señala que el responsable de los registros debe indemnizar el daño patrimonial o moral que causare el tratamiento indebido de datos, el afectado debe iniciar un juicio ordinario de indemnización de perjuicios, que dura años, es caro y debe enfrentar a equipos de abogados de instituciones poderosas. Pinochet sostiene que el la ley contiene varias definiciones sobre almacenamiento y custodia de datos, transferencia de los mismos, datos estadísticos, datos relativos a personas identificadas e identificables e incluso datos sensibles, como aspecto de la vida y la salud, tendencias sexuales y creencias religiosas y políticas, pero se quedan en una copia liviana de la legislación europea. “En el momento de sancionar y establecer excepciones a las reglas generales resuelve mal, porque cedió a todas las presiones”, dice.

El académico afirma que se requiere una nueva legislación y para lograrlo se precisa tomar conciencia. “La sociedad se debe sensibilizar. Se están cometiendo un montón de abusos que pueden ser legales, pero injustos y no corresponden a los estándares de protección de la intimidad de los países como los que aspira a ser Chile”, enfatiza.