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Matías Goyenechea, cientista político y académico de la Facultad de Medicina de la U. de Chile y presidente de la Fundación Creando Salud, dio cuenta de las propuestas de mejora al sistema, realizadas por la academia y las organizaciones sociales de la salud.
9 Diciembre 2019
El Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca realizó el coloquio “Orientación para la comunidad: Subsidiariedad, Desigualdad y Segmentación en el sistema de salud en Chile”, en el cual expertos debatieron con respecto al actual modelo de salud basado en el rol subsidiario del Estado en Chile -principio contemplado en la Constitución de 1980- así como en relación con las propuestas de mejora del sistema planteadas por la academia y las organizaciones sociales.
La actividad va en línea con la declaración pública emanada desde la Facultad de Ciencias de la Salud, que manifiesta su apoyo a la visión declarada por diversos gremios, colegios profesionales y usuarios que han planteado cuatro propuestas principales de consenso. Estos son: derecho a la salud universal, seguro único de salud, aumento del monto per cápita a $ 10.000 y que el gasto público en salud sea de 6% del PIB nacional.
Erika Retamal, directora del Departamento de Salud Pública de la UTalca, manifestó que los estudios indican que en las naciones donde hay mayor equidad y menor desigualdad, las cifras de morbimortalidad son más bajas.
“Como Departamento adherimos a la propuesta que tiene el Colegio Médico, los gremios de la salud y la academia, que plantea la necesidad de tener un Estado benefactor y que la salud sea un derecho universal. La idea no es que se elimine la participación de los privados en el sistema de salud pública, más bien es que el Estado sea garante y controlador, y que los privados actúen dentro de las mistas reglas claras”, concluyó.
El principal orador del coloquio fue Matías Goyenechea, cientista político y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y presidente de la Fundación Creando Salud, quien manifestó que “en Chile hemos creado dos subsistemas de salud, uno al que accede una minoría de mayores ingresos y sanos, estamos hablando de las isapres y las clínicas; y otro, para una mayoría de la población de menores ingresos y enfermos, que es Fonasa y la red pública de salud. Es decir, hemos construido un sistema que segrega a la población en base a su riesgo de enfermar y su capacidad de pago. El impacto de esto es que la atención termina funcionando en la lógica de los bienes de consumo o mercancías”.
A juicio del experto en economía de la salud, el rol subsidiario del Estado que se ha mantenido en el país, “ha servido para producir nichos de acumulación regulados de capital para los grupos empresariales que controlan la salud, donde la política o los diseños y marcos institucionales han contribuido a fortalecer y acrecentar el negocio privado en la salud en detrimento de la red pública”.
Ejemplo de aquello, dijo, es la acelerada reducción de número de camas hospitalarias “que pasó de tres por cada 1.000 beneficiarios en el año 2000, a 1,8 en el año 2015. Es decir, casi la mitad de su capacidad se ha reducido. Esto quiere decir que hay una política del Estado de fortalecer más el sector privado que al público, dejando a este último sin recursos y muchas veces con falta de inversión, lo cual deteriora sus capacidades”.
En su alocución, Goyenechea ahondó en los origines del Estado subsidiario: “Entre 1975 y 1979, se montó una fase de cambios, que implica la privatización de servicios sociales, la focalización de la acción estatal destinada hacia los ‘verdaderos pobres’ y el subsidio estatal al empresariado. El principio de la focalización del gasto público reemplaza las antiguas formas de subsidios universales por aquellos centrados en la pobreza extrema, con el objetivo de asegurar que los sectores más empobrecidos tengan acceso al mercado”.
La privatización de los servicios sociales “implicó el desmantelamiento de la provisión estatal o una reducción considerable en su capacidad instalada, tanto en salud, previsión, educación, vivienda y obras públicas”, agregó.
En ese sentido, advirtió que si bien, desde un punto de vista legal, se cuenta con un derecho a la salud garantizado en la Constitución de 1980, al realizar un análisis respecto de la glosa que está inserta en la Carta Fundamental, “lo que queda de manifiesto es un derecho limitado al acceso. Esto implica que el Estado chileno, garantiza la posibilidad de acceder a un sistema público o a un régimen privado. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que el derecho a la salud está circunscrito a la dimensión de la ‘libertad de elección’ entre lo público y privado”.
