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Expertos advierten sobre necesidad de una nueva ley migratoria con enfoque en DD.HH. y acusan: “El proyecto que está en el Congreso no responde a eso”

Académicos de la Universidad de Talca y de la UC del Norte, junto al sociólogo peruano y vocero del Movimiento Acción Migrante, Francisco Bazo, debatieron sobre la situación de los últimos años en Chile.

Este jueves se realizó en la Universidad de Talca el seminario “Inmigración en Chile ¿Control fronterizo en crisis?”, que contó con la ponencia del sociólogo peruano y vocero del Movimiento Acción Migrante, Francisco Bazo, y las exposiciones de académicos de la corporación y de la Universidad Católica del Norte, quienes hicieron un análisis socio-demográfico de población extranjera, reflexionaron sobre el rol del Estado chileno e hicieron énfasis en la necesidad de que Chile cuente con una nueva ley de migración.

“Hace 20 años que los inmigrantes venimos peleando por un cambio de la ley. La norma no responde para nada a la situación actual y es similar a la que había en todos los países de la región, que se sustentaba en la ideología de la seguridad nacional, la que considera al extranjero como un peligro potencial”, comentó Bazo.

A juicio del dirigente, la nueva norma migratoria debe tener un enfoque en los derechos humanos que contemple los convenios internacionales firmados por Chile. “El proyecto que está en el Congreso no responde a eso”, insistió.

El problema, dijo, es que los avances alcanzados en gobiernos anteriores se realizaron a través de medidas administrativas y “con el cambio de Presidente éstas también fueron cambiadas”.

En tanto, la académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca y especialista en Derecho de Inmigración, Fabiola Vergara, realizó un análisis socio-demográfico de población extranjera: “Se advierte una mala distribución de los inmigrantes en el país el 63,1% vive en la Región Metropolitana- y esto ha provocado mucha resistencia, le siguen Antofagasta con 7,1%, Valparaíso con 6,4% y Tarapacá con 5,9%”.

Vergara relevó datos que arroja la comparación del Censo 2017 con nuevos estudios INE de 2018. Perú lideraba con el 25% de población inmigrante hace dos años y en el último análisis queda desplazada por los venezolanos, además aumenta la población haitiana del 6° al 3° lugar del ranking de personas inmigrantes en Chile.

Por su parte, Gabriel Celis Danzinger, académico de Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UTalca, calificó como “trasnochada” la normativa migratoria vigente. “Tenemos una ley de los años 70´ muy ad hoc para su momento y un reglamento de 1984. El Estado desde todas sus perspectivas, legislativas y administrativas, se ha quedado atrás.  Ha ido corriendo detrás de este fenómeno”, declaró el profesor, haciendo énfasis en su intervención que “hoy se valida al Ministerio del Interior y Seguridad Social como actor válido de la expulsión de inmigrantes por decreto, el que puede efectivamente sacar del país a quien no sea aporte o ha contravenido en reiteradas ocasiones los pasos para ingresar al país, pero también, expulsa a quien no teniendo antecedente alguno, ha cometido una falta mínima, sin hacer diferencias mínimas”.

Celis explicó que si bien hoy día el intendente tiene la facultad de decretar expulsión, esto se puede revertir su en tribunales o en algunos casos, directamente en la Corte Suprema.

En una línea similar, y abordando el tema desde la perspectiva de la aprobación del vínculo familiar, Alexis Mondaca, docente de Derecho Civil y Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica del Norte se refirió a la tensión  que existe entre el deber de expulsar a los extranjeros y el deber constitucional de proteger a la familia y de propender a su fortalecimiento.

Y al respecto, preguntó: “¿Qué prima? ¿El deber de sanción o el deber de proteger a la familia? Lo último adquiere mayor relevancia cuando hay niños y niñas o adolescentes migrantes porque estos constituyen un grupo particularmente vulnerable”.

En ese sentido, apuntó a que debiera existir proporcionalidad de la sanción, determinada por ventajas y desventajas. “Si hay más desventajas que ventajas, por supuesto que puede ser motivo de expulsión como sanción más activa, pero si son más las ventajas, creo que una multa podría ser una sanción que permita generar conciencia sin tener expulsar”, concluyó el académico.