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La nueva Constitución Política podría ser un instrumento para asegurar el desarrollo de las ciencias

Expertos de la Universidad de Talca aseguraron que es necesario robustecer los mecanismos de apoyo para la investigación científica. Contar con una Carta Magna que resguarde su desempeño es una alternativa a considerar.

Hoy la atención mundial está puesta en los científicos e investigadores que buscan herramientas diagnósticas, tratamientos y una vacuna contra el COVID-19, para poner fin a la crisis sanitaria. En Chile, en tanto, comienza un proceso constituyente que podría ser un mecanismo importante para asegurar políticas públicas que propicien en el país el desarrollo de esta área del conocimiento.

“La situación actual de la pandemia, dejó en evidencia la importancia de la investigación para dar respuesta a este desafío. De hecho, las casas de estudio públicas como nuestra Universidad han estado a la altura y han dado el ancho para aportar en ese camino”, declaró el vicerrector académico de la Universidad de Talca, Marco Molina.

Es por eso que se hace relevante que la nueva Carta Magna considere esta área del conocimiento y la necesidad de inculcarla en la educación. “La Constitución debiese propender a garantizar que la investigación, el método científico, los procesos de indagación deban estar siempre plasmados en el desarrollo de los estudiantes y de la población en general en los distintos niveles, no solo a nivel de la universidad, sino que también en los estudios de pre básica incluso”, enfatizó el vicerrector.

“El método científico es un método que no solamente va a determinar que la persona se dedique o no a la ciencia más adelante, sino que es una forma de reaccionar frente a distintas situaciones cotidianas”, declaró Molina y añadió que, “ese es el concepto que debiese estar plasmado en una nueva Constitución: el método científico como método de aprendizaje para la preparación de todo estudiante y toda persona de este país”.

Por su parte, Simón Ruiz, director del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Talca, planteó que “la actual Carta solo se limita a decir que al Estado le corresponde estimular la investigación científica y tecnológica, lo cual es claramente insuficiente, por lo que debemos avanzar en esto de forma contundente”. La Constitución, planteó, “debe establecer que el Estado reconoce el valor público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y sus aplicaciones en el desarrollo humano y tecnológico del país y en consecuencia garantizar los recursos suficientes para poder fomentar y desarrollar las investigaciones científicas, humanísticas y tecnológicas”.

Ruiz advirtió que si esto no es consignado como parte importante de la nueva carta de navegación, “difícilmente podremos dar el salto al desarrollo que necesita Chile. Y es que la ciencia inunda prácticamente todas las áreas de la vida en comunidad – social, económica y política- y aporta sustancialmente al mejoramiento de ella. Si no somos capaces de innovar y mejorar nuestras actuales condiciones, quedaremos en lo económico como un país que solo exporta materias primas o commodities, como ha sido hasta ahora; en lo social seguiremos con bajos índices de desarrollo humano y en lo político seguirán tomándose decisiones trascendentes con un bajo nivel de evidencias y conocimiento científicamente validado”.

Por su parte, el director de Investigación de la Universidad de Talca, Eduardo Álvarez, manifestó que debiera considerarse en este proceso constituyente una representatividad de los profesionales del área: “Deberían existir mecanismos de participación ciudadana más vinculantes en el proceso constitucional. De existir, y asumiendo que sean ordenados, entonces el mundo de las ciencias, la tecnología, de la innovación, de la creación, de la creación artística y de la academia en general, estuvieran contemplados”.

Álvarez, recalcó que para efectos de la investigación científica es necesario contemplar la propiedad intelectual. “Desde el punto de vista constitucional, sería interesante poder avanzar en una definición de propiedad que sea moderna en particular respecto a la propiedad intelectual. Estamos en una economía donde las ideas tienen un valor propio”, dijo.

En este sentido, explicó que sería necesario contar con algún organismo que haga resguardo de los nuevos conocimientos que se generen. “Sería interesante que haya una institucionalidad, que tal vez emane de la Constitución, donde haya un correcto y moderno resguardo de la propiedad intelectual, asumiendo que aspiramos a un modelo de desarrollo en el cual desde las universidades y desde el sector privado, existan iniciativas que deriven en la innovación y creación de nuevos productos”, concluyó Álvarez.

Presupuesto

Álvarez subrayó que es necesario revisar el presupuesto que se destina hacia las áreas de ciencias e investigación en Chile: “Hoy día somos, desde el punto de vista porcentual, uno de los países que tenemos menos aporte directo en materia de ciencia y tecnología. Además, hay otra dificultad, y es que el presupuesto está distribuido en diferentes ministerios”, y agregó que “para efectos de los cálculos genera diversas dificultades en materia de negociaciones”. Sin embargo, reconoce que la Constitución Política no es donde se debiera estipular: “La Constitución en sí misma no puede, o no debería, garantizar que haya un mínimo de aporte en Ciencia y Tecnología, ese es mi parecer. No creo que exista alguna Constitución que lo consagre”.

Coincidió en ello el vicerrector Molina quien afirmó que temas como los recursos destinados a esta área, no competen a este instrumento legal. “Aspectos más detallados como partidas presupuestarias, la importancia de la manera de gestionar o canalizar e implementar lo que es la investigación, debiese estar plasmado más bien en alguna ley que en la Constitución en sí”, detalló.