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“La Universidad será particularmente celosa en el tema de la información pública”

Con un cambio en su estructura orgánica, como es la creación de una unidad especializada para dar acatamiento a las exigencias del Consejo para la Transparencia, y una nueva plataforma de acceso público en la página web corporativa, la Universidad de Talca completó los requerimientos de acceso a su información establecidos por la Ley 20.285.
A fines de 2011 el foco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley J. Gazmuri – H. Larraín) se trasladó a la Educación, específicamente a las universidades estatales, debido a que, por primera vez en los dos años y siete meses de vida de este cuerpo legal, el Consejo para la Transparencia difundió con profusión mediática un bajo promedio en el cumplimiento de la transparencia activa en estas instituciones.
Para el rector de nuestra Universidad, Alvaro Rojas Marín, más allá de lo curioso que pareció el momento de la publicación de este informe, que coincidió con un proceso de admisión particular y el eventual menoscabo a la imagen de las universidades estatales; lo concreto fue que la institución se hizo cargo de estas exigencias -independientemente de si eran o no aplicables a estas corporaciones, dado que correspondían más bien a temas propios de la administración pública centralizada- y cumplió con su obligación.

¿Por qué no se hizo pública esta información antes?
“El despliegue de la información que presentaba la Universidad, previo a los nuevos requerimientos del Consejo de la Transparencia, se ajustaba a los acuerdos y al marco normativo fijado por las Universidades del Consorcio de Universidades Estatales de Chile, CUECH. A ese acuerdo nuestra Universidad adhirió en el año 2008.
Esto fue ratificado incluso por un Consejo Académico de esa fecha, encargándose al entonces director de comunicaciones, Sr. Cristián Calderón, que proveyera la información a ser publicada en la plataforma respectiva.

Despejado el tema legal a fines del año pasado, al rechazarse en el Tribunal Constitucional (TC) la apelación interpuesta por la Universidad de Chile, nuestra institución le comunicó al Consejo de la Transparencia el calendario que se estableció para cumplir con las exigencias de la Ley.
Interesante es revisar el voto de minoría del TC, en el que se fundamentan en gran medida, los argumentos que las Universidades del Estado compartían para no hacer pública parte de la información, toda vez que una sección importante de ella corresponde a antecedentes estratégicos propios de cada Universidad”.

¿Fue bueno transparentar esta información?
“Definitivamente si. Si bien todas nuestras acciones son públicas, nos dimos cuenta de que era necesario presentar la información de una manera diferente. Si había que satisfacer más directamente las demandas del Consejo, no tuvimos ningún problema en hacerlo porque es bueno para todos, especialmente para quienes aún creemos en la educación pública y en la institucionalidad del Estado moderna y eficiente.

La Universidad será particularmente celosa en el tema de la información pública y a lo ya entregado por exigencia legal, incorporará en marzo próximo toda la información histórica desde la tramitación de la Ley (2008) junto con los compromisos de desempeño de los académicos de la Corporación para que no haya dudas sobre su real dedicación a la docencia, investigación, gestión y otras dimensiones, así como también las calificaciones del personal administrativo”.

¿Por qué la Universidad adecuó primero su estructura, creando esta Unidad de Transparencia y sólo luego de eso publicó la información exigida?

“En nuestra opinión, la información que la Universidad debe proveer al sistema de transparencia no es como colgar cosas en un diario mural o un hecho irrelevante a ser documentado. Se trata de un aspecto muy esencial de la vida corporativa, así como también de la vida personal de nuestros académicos y funcionarios. Se requiere de procedimientos, de mecanismos permanentes para obtener la información en forma fluida y de personal responsable de cumplir tal función de manera constante. Las cosas se están haciendo con seriedad. Toda información que se emita públicamente es relevante y en ese sentido, la Junta Directiva acogió nuestra proposición de crear una unidad dedicada a este tema”.

¿Hubo exceso de celo en el Consejo para la Transparencia con las universidades estatales?

“No hay duda de que en la metodología que aplica el Consejo, hay un cierto desconocimiento de las particularidades del sistema, lo que conduce a errores con un alto costo de imagen para las universidades. Sin embargo, la transparencia es bienvenida y es para todos, porque incluso corresponde a una política de responsabilidad social universitaria corporativa que se manifiesta mediante la emisión de reportes, cuentas públicas, informes de gestión, control interno, auditorías y una serie de procedimientos que son parte de nuestro accionar. Lo que llama la atención es que haya universidades privadas que perciben del Estado más recursos públicos que nuestras Universidades, vía Aporte Fiscal Directo o Ley de Donaciones, y eso no se controla ni se informa.
En origen, la iniciativa legal iniciada por los senadores Hernán Larraín y Jaime Gazmuri apuntaba a transparentar todos los gastos que se hacían con recursos públicos, tanto en instituciones públicas como privadas. Lamentablemente, la exigencia en nuestro caso quedó restringida a las Universidades Públicas, lo que es una paradoja. Existen, no lejos de aquí, universidades privadas que reciben proporcionalmente más recursos del Estado que la nuestra y ellos no tienen la exigencia de exhibir aspectos internos de su gestión institucional”.

¿Hay persecución…?

“Persecución no, pero sí una mirada crítica más focalizada, se destaca lo negativo, se las saca constantemente al pizarrón, lo que finalmente tiende a desgastarlas, a provocar conflictos internos y para ello tienen incluso algunos aliados dentro de las propias instituciones. Hoy nuestras Universidades deben enfrentar un conjunto creciente de restricciones y dificultades; pero la ciudadanía puede estar segura de que nada alterará el esfuerzo de toda nuestra comunidad universitaria por demostrar que la Educación Superior Pública, de calidad, pluralista y de equidad es todavía una opción para nuestro país”.

¿Puede haber malas prácticas en las universidades?

“La Ley de Transparencia se hizo para evitar la corrupción y ese es uno de los mayores flagelos que se incuban en un aparato público. El espíritu de la Ley es que toda la información que emana del Estado o de cualquiera de sus órganos es pública, por tanto, pertenece a todos los chilenos.
Es bueno recordar que las Universidades del Estado están sometidas a un sistema propio de información y transparencia establecido en la Ley Nº 20.129 que contempla la entrega de datos a través del Sistema de Información de Educación Superior (SIES) a cargo del MINEDUC. La Universidad cuenta con auditores externos seleccionados por la Junta Directiva, responsables de auditar tanto los estados financieros de la Corporación, como los del Crédito Universitario.

Estos informes son publicados en diarios de circulación nacional y son de dominio público. Por otra parte, existen permanentes procesos de acreditación, tanto institucional, como de carreras, lo que implica la entrega de la más amplia información a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) permitiendo, además, la debida comparación con otras instituciones de educación superior”.

¿Cómo ha reaccionado la institución frente a estos cambios?

“Como Rector de la Universidad, quisiera expresar nuestra voluntad irrenunciable de dar cumplimiento fiel a todas las normativas legales que nos rigen. Sin embargo, deseo señalar que este proceso se desarrolló en forma paralela con otros procedimientos administrativos, también de una enorme complejidad, tales como desarrollo y cierre durante el mes de Enero del segundo semestre del año académico 2011; Programación y asignación presupuestaria 2012 a las diferentes unidades académicas de nuestra Corporación; Evaluación del compromiso de desempeño 2011 de las diferentes unidades académicas y administrativas. Proceso de calificación del personal administrativo, primera etapa; Proceso de admisión y matrícula 2012 y el desarrollo de la fase final del proceso de reconstrucción de nuestra infraestructura dañada por el terremoto. Pese a todo, hemos actuado con la celeridad que se debía y tenemos un nivel de logro que supera ampliamente lo disponible durante los años anteriores.

Si bien el objetivo de la ley es proporcionar información a la comunidad nacional, también existen facetas de esta información que tienen lectura interna y que se utiliza con objetivos diversos. Sobre los objetivos de algunos, prefiero no pronunciarme, lo destacable eso sí, es que el levantamiento de la información de personal que exige la Ley coincide con otros proceso en el que veníamos trabajando en los últimos meses, que dicen relación con la estructura de remuneraciones del cuerpo académico regular, la ampliación y modificación de las plantas del personal no académico, temas aprobados también por la última Junta Directiva y que esperan el trámite de toma de razón”.