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Los valores que comenzarán a regir para algunas carreras, en el marco de la Ley de Educación Superior, generarán que la institución deje de recibir $ 500 millones en 2022.
24 Agosto 2020
La semana pasada, en la sesión extraordinaria 103 del Consejo Académico se realizó una presentación con respecto a la futura regulación que tendrán los aranceles a partir de 2022, de acuerdo con la Ley 21.091 de Educación Superior.
La exposición estuvo a cargo del Vicerrector de Gestión Económica y Administración, Carlos Torres, quien dio cuenta de los menores ingresos que recibirá ese año la institución producto de la implementación de la nueva normativa, que -en un primer período- regirá solo para Derecho, todas las Pedagogías y Técnico en Turismo Enológico que se imparte en el campus Colchagua.
Según el cálculo realizado en la Corporación, la diferencia de ingresos -entre el arancel real actual y el regulado propuesto por el Ministerio de Educación (Mineduc)- para 2022 es de $ 502 millones sólo para ese primer grupo.
Nueva ley
De acuerdo con la Ley de Educación Superior tres años después de la promulgación de la norma (mayo de 2018), las universidades que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad se regirán por los valores regulados de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación.
Esos indicadores serán establecidos cada cinco años mediante resoluciones del Ministerio, visadas por el titular de la cartera de Hacienda, de acuerdo con los cálculos realizados por una Comisión de Expertos definida en dicho cuerpo legal.
Torres indicó que estos números estarán fijados en función de los costos directos e indirectos de cada programa. Para ello se usarán varios ponderadores, como la complejidad institucional, la acreditación e identidad institucional. Además, se establecen otros factores: la región donde se imparte, vulnerabilidad de los estudiantes, y la empleabilidad. Esta medida será paulatina, y año a año se irán sumando nuevos grupos a las carreras ya mencionadas.
Durante la tramitación en el Congreso de dicha ley, los rectores hicieron ver al Ejecutivo que el cálculo de los cobros regulados generaría brechas millonarias para las casas de estudios, lo que está quedando en evidencia con las actuales proyecciones a un año de que comiencen a regir los nuevos precios.
Brechas
Actualmente, ya existen diferencias con los montos que establece el Ministerio de Educación, a través de los costos de referencia que se definen para el financiamiento de las ayudas estatales como becas, créditos y gratuidad. Así, no todos los montos reales logran ser cubiertos generando brechas.
La autoridad universitaria expuso que “la Institución no logra cubrirlos todos con los recursos que establece el Mineduc para el cobro de aranceles. Esto se debe, por ejemplo, a que la inversión que se realiza para otorgar una educación de calidad, en una región como la nuestra, es altísima. También hay que considerar la calidad del cuerpo docente, compuesto en un alto porcentaje por doctores y magíster”.
Por otra parte, Torres explicó por qué actualmente la Corporación no puede aplicar ninguna modificación a los valores del año académico en curso: “están definidos anualmente y cualquier cambio implicaría una gran merma para el funcionamiento de la Universidad que no los puede rebajar porque implicaría reducción en el número de académicos o de funcionarios administrativos. Es importante considerar que producto de la actual crisis la Institución ha recibido menores ingresos y ha debido asumir nuevos gastos, lo que se ha traducido en un déficit que ya bordea los $ 5 mil millones”.
