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Presentan estudio que estimó costo fiscal que generaría implementación de Nueva Constitución

El análisis fue elaborado por economistas del Centro de Estudios Públicos (CEP), en conjunto con especialistas de las Universidades de Talca, de Chile y Católica de Chile.

A un mes del Plebiscito para definir si se aprueba o rechaza la propuesta de Nueva Constitución, destacados economistas nacionales entregaron detalles de un estudio que analiza los costos que significarán para el país la implementación gradual de la Carta Fundamental.

La investigación denominada «Estimaciones del costo fiscal directo de la propuesta de nueva Constitución» fue elaborada por economistas del Centro de Estudios Públicos (CEP), en conjunto con especialistas de las Universidades de Talca, de Chile y Católica de Chile

El estudio se presentó de manera oficial en el auditorio de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la UTalca. La actividad contó con la asistencia del rector Carlos Torres, y con la moderación del decano de la FEN, Rodrigo Herrera.

Al valorar el estudio, el rector Carlos Torres, expresó que “normalmente la Constitución no contempla un costeo como en otras leyes. Es muy importante que se dé a conocer una estimación a la ciudadanía para ver el impacto que significa y de dónde provendrán estos recursos. Esto ha relevado el espacio de discusión que las universidades públicas ofrecemos a la comunidad y el conjunto de universidades estatales estamos organizando eventos de difusión en distintas materias de la Constitución”.

En tanto, el decano Rodrigo Herrera, manifestó que, “la implementación de una Nueva Constitución trae varios costos y estos se deben financiar. Queremos estar presentes en la discusión a nivel nacional de los temas importantes para el país”.

Investigación

El análisis y conclusiones de la investigación estuvieron a cargo de sus autores: la académica de la FEN UTalca -Campus Santiago-, Andrea Bentancor; el investigador senior del Centro de Estudios Públicos y expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara; la académica del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Claudia Martínez; el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y exsuperintendente de Valores y Seguros, Guillermo Larraín; y el investigador del Centro de Estudios Públicos, Gabriel Ugarte.

El estudio tuvo como objetivo realizar una estimación incremental; proporcionar información de utilidad para personas que requieren más elementos a la hora de decidir su voto; y aportar con información para graduar la puesta en marcha del texto, según se consigan los recursos financieros, considerando que este costo significa garantizar que se satisfagan los derechos establecidos en la propuesta de Nueva Constitución.

La académica Andrea Bentancor explicó que “el estudio cuantifica el costo adicional anual de implementar la propuesta de nueva Constitución, esta implementación no se establece para mañana sino en un tiempo largo, que puede ser muchos años. Esto implicaría entre 8,9 puntos del PIB y 14,2 puntos del PIB, es decir, un aumento en el gasto público bastante significativo”.

En la investigación se contemplan dos escenarios: uno alto (14,2%) y otro bajo (8,9%), ambos cumpliendo con lo mandatado en la Carta Magna que se votará en septiembre, diferenciándose en el nivel de satisfacción del derecho y la interpretación del artículo respectivo.

El investigador Rodrigo Vergara, expresó que bajo esta perspectiva uno de los aspectos más importantes es la gradualidad con que se implemente la propuesta. “Nosotros en el estudio suponemos que son diez años, pero podría ser más o menos. Es un costo significativo y, por lo tanto, hay que pensar bien la gradualidad para que el país pueda ir absorbiendo los costos, y que, no signifique un deterioro de tal magnitud de las finanzas públicas que termine en una situación insostenible”.

La estudio de los economistas también incorporó una comparación de cómo se elevó el gasto fiscal en otros países que implementaron una nueva Constitución. Un ejemplo fue el caso de Ecuador, que el 2008 promulgó una Nueva normativa y pasó de un gasto fiscal de 21,6 a 38,7% de su PIB. Para esto se calculó el promedio de gastos de ese Producto Interno Bruto, los 10 años previos y los 10 años posteriores a la puesta en vigencia de la nueva Carta Magna.