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Presidente de Ecuador valora trabajo del CEDEP

El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, criticó duramente a los jueces penales de ese país, ante la negativa de éstos a colaborar con la evaluación que realizan especialistas del Centro de Estudios de Derecho Penal (CEDEP), de nuestra Casa de Estudios, que ganó este proceso mediante un concurso internacional.

El trabajo de los expertos chilenos está destinado a elaborar un diagnóstico, que servirá de base para la reforma judicial que impulsa el actual gobierno de esa nación latinoamericana.

La semana pasada, el mandatario ecuatoriano recordó que la información que están recopilando los especialistas del CEDEP constituye la base del proceso de reforma, pero lamentó la negativa a colaborar por parte del Consejo de la Judicatura de su país.

“Lo que tenemos es un Consejo de la Judicatura que bloquea permanentemente y no da información”, señaló Rafael Correa, hecho que calificó como “un desastre”.

ESTUDIO TÉCNICO

Para los jueces de ese país, la consultoría que realiza el CEDEP podría derivar en la remoción de algunos integrantes del Poder Judicial ecuatoriano.

Sin embargo, el director del centro de la Universidad de Talca, Raúl Carnevali, fue enfático en desestimar que la consultoría pueda ser utilizada como un instrumento para remover jueces.

“Nuestro estudio es fundamentalmente técnico. Lo que haremos es detectar cuáles son los nudos críticos, los aspectos que deben ser mejorados o fortalecidos, y cuáles son las mejoras que se deben hacer desde el punto de vista legislativo, de manera tal que este instrumento no puede utilizarse con otros fines”, sostuvo.

Carnevali aseguró además que la polémica, en ningún caso, constituye un obstáculo para obtener los insumos que se requieren para nutrir el estudio y, menos, afectará la calidad del trabajo que realizan los profesionales del CEDEP.

Explicó también que así como las autoridades ecuatorianas reconocen la calidad del trabajo realizado hasta la fecha por el equipo de la UTALCA, también están conscientes de que la negativa de la Judicatura podría traer consecuencias en el plazo de entrega del informe final, inicialmente programado para junio del presente año.

“Hubo atrasos no imputables a nosotros y las autoridades ecuatorianas están conscientes de ello. No obstante, eso significará finalizar el trabajo con un retraso de entre seis a ocho semanas”, subrayó.