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Académico, experto en materias laborales, Rodrigo Palomo, planteó que la medida “se trata de un instructivo de corte administrativo, sin mayor carácter vinculante”.
6 Agosto 2020Hechos como el ocurrido en una de las tiendas de un mall de la comuna de Vitacura –donde se detectó la vulneración de los derechos de los trabajadores- dan cuenta de la necesidad de fiscalización por parte de las autoridades en el contexto del avance hacia el desconfinamiento y de la implementación del Plan Paso a Paso Laboral. En ese sentido, el académico, Rodrigo Palomo, quien es experto en materias laborales, manifestó que esta medida “se sostiene fundamentalmente en la buena voluntad de empleadores y, por cierto, el autocuidado de los trabajadores”.
El experto laboralista, quien es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la institución maulina, afirmó que la iniciativa – definida por el Ministerio del Trabajo como una “hoja de ruta” que tiene por objeto establecer medidas preventivas, que tanto empleadores como trabajadores deben adoptar para disminuir los riesgos de contagio de Coronavirus- “se trata de un instructivo de corte administrativo, sin mayor carácter vinculante”.
“Planes como éste funcionan en países donde existe diálogo social de verdad, lo que supone que existe organización colectiva que haga contrapeso a incumplimientos empresariales”, dijo el jurista.
Rodrigo Palomo agregó que “es importante señalar que sobre este protocolo está el deber legal que tienen los empleadores de proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, cuyo alcance en la pandemia ha sido determinado en variadas causas judiciales”.
Política del gobierno
El experto dijo que tiene una “opinión crítica de cómo el gobierno ha enfrentado la política laboral durante este tiempo». Y añadió que “se ha cargado fundamentalmente sobre las espaldas de los trabajadores el costo de la crisis económica que genera la pandemia de Coronavirus”.
Palomo, quien es Doctor en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Valencia, sostuvo que se debió considerar fórmulas como el ingreso mínimo vital y hasta la renta básica universal, como mecanismos de cobertura ante la coyuntura de la emergencia sanitaria, tal como sucedió en países con un sistema de protección social más robusto, y no como en Chile, en que se optó por recurrir a los fondos del Seguro de Cesantía. “Es perfectamente posible haber tomado la decisión de entender que el Estado es el principal responsable de responder frente a este tipo de situaciones de crisis, no así los trabajadores. Hay países que tienen distintas capacidades económicas, no son sólo países ultra desarrollados los que han optado por modelos de mayor acción estatal”, agregó.
“Básicamente se trata de una definición de cuál es el rol del Estado y la actividad que tiene que asumir en este tipo de situaciones. Si es un rol activo o mantiene la idea -que es la que subsiste en Chile- con el modelo neoliberal, que es un Estado que debe participar de una manera fundamentalmente subsidiaria a la actividad de los particulares. El Estado chileno tenía las espaldas para poder hacer frente a una situación como ésta”, dijo el experto.
Por otra parte, el académico, indicó que este cuestionamiento se extiende también al ámbito legislativo debido a la forma en que se despachó el proyecto de ley que regula el trabajo a distancia y teletrabajo. “Se aprovechó la pandemia para aprobar con premura, sin que decantara la discusión. Así se empiezan a generar los problemas que vemos con la norma, básicamente asociados a la difícil fiscalización y a la casi nula eficacia”, comentó.
Conversatorio
Cabe consignar que el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Rodrigo Palomo, participó del conversatorio “Reflexiones sobre el futuro del derecho del trabajo: Relaciones laborales después de la pandemia”, actividad organizada por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en conjunto con la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. En la oportunidad, el experto profundizó sobre el tema abordado en un proyecto financiado por Fondecyt, en el que se analiza la situación laboral de quienes trabajan en las plataformas electrónicas o aplicaciones.
Al respecto, sostuvo que especial relevancia ha tenido la vulneración de los derechos laborales de quienes se desempeñan en trabajos asociados a las plataformas digitales, como el delivery o las aplicaciones de transporte. Según indicó, es en esta área donde se está viviendo una “suerte de revolución del mundo del trabajo”, sobre todo luego de desencadenarse la pandemia de Coronavirus y su impacto en el empleo. “Se hizo muy relevante porque en aquellas ciudades donde hay cuarentena se les consideró trabajadores esenciales, por lo tanto siguieron funcionando, y eso dejó al descubierto la vulnerabilidad, y la desprotección laboral y social a la que se ven expuestos”, dijo.
El experto sostuvo que la primera sentencia de una demanda laboral en este sector se remonta al 2015. Agregó que esta situación cambió radicalmente y hoy tenemos una treintena de acciones en los tribunales. En ese sentido, afirmó que hubo un punto de inflexión, fundamentalmente asociado a la pandemia de COVID-19.
Palomo enfatizó que las demandas se enfocan, principalmente, en la vulneración de derechos fundamentales, como “despidos antisindicales, es decir la desconexión digital de repartidores que han participado en la creación de algunas organizaciones de trabajadores de plataformas, asociaciones de hecho y sindicatos, y vulneraciones que tienen que ver con la intimidad por el nivel de control de video vigilancia o vigilancia GPS”, dijo.
El académico, aclaró eso sí, que actualmente en el Parlamento se debate una moción transversal de senadores que aborda la situación de los trabajadores y regula el aspecto laboral de este nuevo sector productivo. A esto se suma dijo, una mesa técnica implementada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
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